Adiós al ilustre doctor Rolando Déneke

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

“Rolando Déneke tenía el continente de los grandes señores, de esos seres privilegiados que logran imponer su recia personalidad y destacarse ante los demás, pero todo dentro de un concepto diamantino de solidaridad humana.”

Así empezó el doctor Alfredo Martínez Moreno sus palabras en las exequias del doctor Déneke. El 20 de agosto de 2009 fue un día de duelo para el país, para la comunidad jurídica y particularmente para los miembros del Centro de Estudios Jurídicos.

Esto debido al fallecimiento del ilustre y notable jurista doctor Rolando Déneke, nacido el 12 de enero de 1926. Se puede decir mucho sobre la vida del doctor Déneke, “Rolando” para sus amigos, pues fue una persona sobresaliente en las diferentes esferas de su vida.

La mayor parte de su trabajo lo dedicó al ejercicio liberal de la profesión y lo hizo de manera ejemplar con absoluta rectitud y honradez, que le es ampliamente reconocido y agradecido en el gremio de abogados, sus clientes y conocidos. Aunque no buscó figurar prominentemente en las asociaciones de abogados, fue fundador del CEJ y durante más de cuarenta años fue un miembro activo, siempre participando en sus actividades, estando cerca de sus directivas y presto a darle públicamente su respaldo a posiciones institucionales que consideró apegadas a derecho y a la ética. Esta conducta mereció un reconocimiento público por parte del CEJ en el año 2004.

Tenía gran preocupación por el ejercicio ético de la profesión y contribuía activamente a los debates que se daban sobre ese tema. Varias veces tomó la iniciativa para defender causas justas y morales: la exigencia del cumplimiento de la legalidad y normas éticas en la elección de magistrados de la CSJ y consejeros del CNJ, la aplicación de la ley en forma igualitaria e indiscriminada a todos, incluso políticos y personajes económicamente prominentes, moralidad judicial, aplicación estricta de la ley en caso de los títulos falsos de abogados, etcétera. Como hombre público, fue canciller de la República y también representó al país en altas posiciones del servicio exterior en Gran Bretaña y España y fue delegado de El Salvador ante Asambleas de la ONU, OEA y Conferencia General de la OIT.

Fue un hombre cultísimo y educado mostrando siempre gran interés en todo tipo de actividades culturales y las instituciones que las promovían, habiendo presidido la Asociación Pro Arte y el Patronato Pro Cultura del país. Tuvo pasión por la música clásica y llegó a reunir la que es posiblemente la más grande y mejor colección de discos del país. El doctor Déneke fue deportista destacado en los deportes de tenis y esquí acuático.

Perteneció a una promoción de abogados connotados, siendo de sus compañeros ya fallecidos, doctores: Francisco José Guerrero, Raymundo Pineda, Mario Salazar Valiente, Edgardo Guerra Hinds, Álvaro Magaña, Rubén Alfonso Rodríguez, Mario Castro Betancourt, Juan Ramón Rodríguez y Luis Alfonso Salazar, entre otros. Le sobreviven, sus compañeros y amigos doctores: Jorge Hernández Colocho, Carlos Armando Domínguez, Luis Fernando Olmedo, Rómulo Leandro Leal, Rogelio Alfredo Chávez, René Salomón Portillo, Jorge Alberto Herrera y Romeo Aurora, quienes sabemos nos acompañan en esta muestra de condolencia.

Nos duele su ausencia. ¡Lo vamos a extrañar, querido don Rolando!

Buenas señales en la CSJ

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia ha dicho públicamente que tiene interés en corregir los males que constantemente se le señalan al sistema de administración de justicia: corrupción, mora en la decisión de los asuntos, burocracia exasperante, deficiente servicio al usuario, mal uso o distribución inequitativa de los recursos del Estado, entre otros.

Un funcionario del nivel mencionado que declare como prioridad de su gestión eliminar los despilfarros y contribuir a la superación de las deficiencias del sistema debe ser objeto de respaldos unánimes por los mismos integrantes del organismo judicial, la sociedad civil organizada, como las iglesias, las universidades, los sindicatos, los empresarios y por todos aquellos que tenemos la confianza que los titulares de las instituciones tienen la capacidad suficiente para transformar nuestra deprimente realidad.

Cuando a los políticos les pedimos despojarse de sus propios intereses sectoriales para que legislen y actúen por el bienestar general, también debemos trasladar esa exigencia a nosotros mismos; es necesario sacrificar beneficios personales a favor de las mayorías.

El Órgano Judicial cuenta, por mandato constitucional, con un presupuesto mínimo del 6% de los ingresos corrientes y debe cubrir todas las necesidades básicas para el adecuado cumplimiento de las funciones, desde las cúpulas judiciales hasta los más recónditos juzgados de Paz.

No se requiere mucha investigación para saber que hay juzgados de Paz o de Primera Instancia que desempeñan sus labores en condiciones precarias, que carecen de computadoras, tintas, impresores, fax, papelería suficiente y de motocicletas para las citaciones y notificaciones. Hay jueces que tienen que vivir dentro de su oficina porque no pueden viajar diariamente a su residencia por falta de medios económicos y su presupuesto no alcanza para alquilar una habitación. No tienen vehículo propio ni cuentan con alguno del Estado para realizar sus diligencias oficiales. Ellos son los olvidados del propio sistema, los que nunca son escuchados y a pocos les interesa conocer y resolver muchos de sus problemas. Para colmo, esos jueces alejados de la capital, por la obsoleta clasificación de la ley orgánica que los sitúa en cuarta y última categoría, son los peor pagados.

Como contrapartida tenemos los elegantes palacios judiciales, jueces y magistrados con sobrados vehículos a su disposición, combustible en cantidades que alcanzarían para dar varias vueltas diarias al país y con la cercana vigilancia de la administración que corre a cubrir las más ínfimas necesidades: son jueces y magistrados de primera categoría.

Aplaudimos las declaraciones del presidente de la Corte Suprema cuando anuncia dos puntos de su mandato: austeridad y distribución justa de los recursos asignados al Órgano Judicial. Obviamente entendemos que lo primero no significa quebrantar aún más las condiciones de los jueces de cuarta categoría ni disminuir prestaciones de funcionarios y empleados, sino suspender privilegios concedidos en exceso y controlar el uso racional de los recursos materiales y dineros públicos. Lo segundo, es trasladar los recursos necesarios a las oficinas que carecen de ellos con la finalidad de procurar un mejor servicio público de la justicia y garantizar mejores condiciones a los jueces.

Esperamos que la Corte Suprema no se distraiga discutiendo las prestaciones que deben tener los magistrados y dedique su tiempo a resolver los grandes problemas sometidos a su competencia, entre ellos, muchos que datan de varios años atrás. Apoyamos la visión de la nueva administración del organismo judicial y animamos a todos los funcionarios a seguir ese ejemplo en beneficio del país, para rescatar los valores éticos como la transparencia, la integridad profesional, la honestidad, la dedicación y la responsabilidad institucional.

El crimen nuestro de cada día

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Lo que en su momento fue denominado como una oleada de violencia y crímenes ha pasado a convertirse en una realidad perenne: asesinatos, violaciones, extorsiones y secuestros son los temas reincidentes que día a día tiñen las páginas rojas de los periódicos. La sociedad salvadoreña esconde su indignación bajo una cortina de terror impenetrable, que evita en la gran mayoría de casos que los hechos delictivos sean denunciados para al menos engrosar las estadísticas gubernamentales. Casos tan terribles como el de un bebé de trece meses degollado o el de una madre de familia que siendo víctima de un secuestro fue cobardemente asesinada, llegan a nuestros oídos día a día.

Mientras tanto, el aparato gubernamental se muestra confundido y dividido, enviando señales de debilidad al crimen organizado que avanza a paso veloz en esta guerra llena de impunidades. Así, la falta de elección de un fiscal general es un signo inequívoco del lugar que ocupa el problema delincuencial en la escala de prioridades de nuestros diputados. Y es que por el papel crucial que juega dicho funcionario en esta lucha, urge en demasía la elección de un fiscal idóneo. En tal sentido, el Centro de Estudios Jurídicos considera que, aunque suene como un cliché trillado, es necesario que los partidos políticos dejen de lado sus intereses particulares y antepongan los de la Patria, y que procedan a dicha elección. Bajo esta misma tónica, es imperante que se elija al nuevo procurador general de la República por cuanto también tiene un papel importante que jugar en esta problemática.

Lo anterior constituye únicamente el primer paso para resolver esta caótica situación. Es fundamental además escuchar la opinión de otras instituciones involucradas, como el Órgano Judicial, la entidad policial, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros. Asimismo, es necesario otorgarle a la empresa privada el papel que le corresponde en esta lucha, para sacarla así de su victimismo y que asuma un papel protagónico, como hace algunos años lo hizo contra el flagelo del secuestro. Y es que, siendo este sector uno de los más afectados, es innegable que su participación puede ser determinante en la solución del problema.

Es imperioso encontrar soluciones creativas que abarquen todas las aristas de la crisis de inseguridad nacional, entre ellas, la prevención del delito mediante el apoyo a niños y jóvenes propensos a engrosar la lista de pandillas y otras bandas delincuenciales. Ya ha sido señalado por otras fuentes la necesidad de dotar a fiscales y policías de las herramientas científicas necesarias para la investigación de los hechos delictivos. Lo anterior implica no solo inversión en la compra de instrumentos, sino también, en la capacitación óptima de su personal. Cabe mencionar que uno de los puntos débiles de estas instituciones lo constituye la corrupción interna, razón por la cual la investigación de las estructuras criminales puede iniciar desde adentro de la PNC y la FGR mediante la utilización de agentes encubiertos que ayuden a detectar aquellos elementos putrefactos que las corroen.

Además, es necesario que el ministro de Seguridad asuma un liderazgo más activo en su cargo y envíe señales claras y concretas en el manejo de la crisis de inseguridad, la cual alcanza ya dimensiones estratosféricas. Es claro que el problema no puede ser resuelto de forma unilateral por el Ejecutivo, por lo que ha llegado la hora de buscar consensos en la búsqueda de soluciones creativas. Buscar culpables en Administraciones anteriores o actuales sirve ya de poco. Las estadísticas oficiales no pueden medir el temor, y en muchos casos el pánico, que sufre la población. Ciudades enteras viven a merced de estructuras delincuenciales que amenazan sus vidas y patrimonio. La tranquilidad de estas personas se ha convertido en un bien escaso. Urge pues, escuchar sus gritos de auxilio.

Aspectos legales territoriales, materia pendiente

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El territorio es un elemento fundamental en la definición de un Estado. Es el lugar sobre el que ejerce su soberanía y sobre el cual se asienta su población.

Además, el territorio es el lugar donde se desarrolla todo el progreso de las obras materiales de la sociedad, tanto la obras públicas como carreteras, represas, sistemas de acueductos, obras privadas, edificios, viviendas, cultivos, etcétera.

Esta dualidad de naturaleza hace del territorio uno de los elementos más delicados de reglamentar, por cuanto frecuentemente los intereses nacionales, públicos y privados entran en choque y conflicto.

Para muestra un botón: es de interés nacional mantener las cuencas y fuentes de agua lo mejor posible, pero es de interés de los gobiernos contar con una vía donde depositar las aguas servidas de la ciudad, también es de interés de las personas poder cultivar alimentos y represar las aguas, para el riego. De la simple lectura se puede evaluar las grandes posibilidades de conflicto, aguas arriba contra aguas abajo, ecología y desarrollo; sin embargo, las vías jurídicas para realizar los procesos que desemboquen en la determinación del uso del suelo y las necesarias para dirimir los conflictos cuando surgen no están debidamente legisladas.

La legislación civil, sabia por su antigüedad, se vio desde hace tiempo sobrepasada por un desordenado conjunto de leyes, reglamentos, ordenanzas y prácticas de la administración pública tanto a nivel local como nacional, y en muchos casos por prácticas de las empresas. Esta maraña de leyes, usos y costumbres hace que para el ciudadano normal, o para el inversionista, realizar acciones sobre el territorio implique una procesión de trámites y documentos, cambiantes y oscuros.

Así, la regulación local sobre los aspectos territoriales no solo es imprecisa, sino poco conocida por la comunidad en general. Podemos citar como ejemplo la ordenanza para iniciativa, creación, aprobación e implementación de los planes de ordenamiento territorial en el municipio de San Salvador, que a pesar de ser un importante esfuerzo regulatorio vigente desde 2003, su operatividad práctica aún no ha sido consolidada por las autoridades municipales.

Los problemas no solo afectan los nuevos proyectos urbanísticos: los cambios de uso del suelo en las zonas urbanas consolidadas son fuente permanente de conflictos entre ciudadanos y autoridades. Es normal escuchar la queja de los habitantes de una colonia residencial en la que se autorizó la instalación de un taller de mecánica, una cervecería u otro negocio no compatible con el uso previo habitacional y esto, solo para mencionar un aspecto. No se diga de regular derechos aparentemente sutiles como el Derecho al Paisaje.

Se sabe que se ha presentado para su discusión en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de desarrollo y ordenamiento territorial, que en teoría permitiría delimitar las atribuciones de los gobiernos nacionales y municipales en materia de usos de suelo y determinación de responsabilidades sobre el mismo, que además sería la guía programada de las intervenciones públicas sobre el territorio, así como fijaría un marco único al ciudadano para relacionarse con los usos del suelo.

El Centro de Estudios Jurídicos considera que la iniciativa a primera vista es loable, pero que debido a la trascendencia de la materia a regular, esta debe ser ampliamente consultada y analizada, primero para garantizarse de que no sea una ley más que se sume a complicar la actual selva normativa en la materia, y segundo, para vigilar y asegurar que esta protege al ciudadano frente a decisiones de las autoridades al definir o cambiar los usos del suelo y finalmente, para cerciorarse que el respeto al debido proceso y al derecho de propiedad esté reglamentado de acuerdo con el marco constitucional y democrático, de manera que se establezca un adecuado equilibrio entre el ejercicio de la soberanía del Estado sobre el territorio y los derechos de los ciudadanos sobre su propiedad.