Aspectos legales territoriales, materia pendiente

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El territorio es un elemento fundamental en la definición de un Estado. Es el lugar sobre el que ejerce su soberanía y sobre el cual se asienta su población.

Además, el territorio es el lugar donde se desarrolla todo el progreso de las obras materiales de la sociedad, tanto la obras públicas como carreteras, represas, sistemas de acueductos, obras privadas, edificios, viviendas, cultivos, etcétera.

Esta dualidad de naturaleza hace del territorio uno de los elementos más delicados de reglamentar, por cuanto frecuentemente los intereses nacionales, públicos y privados entran en choque y conflicto.

Para muestra un botón: es de interés nacional mantener las cuencas y fuentes de agua lo mejor posible, pero es de interés de los gobiernos contar con una vía donde depositar las aguas servidas de la ciudad, también es de interés de las personas poder cultivar alimentos y represar las aguas, para el riego. De la simple lectura se puede evaluar las grandes posibilidades de conflicto, aguas arriba contra aguas abajo, ecología y desarrollo; sin embargo, las vías jurídicas para realizar los procesos que desemboquen en la determinación del uso del suelo y las necesarias para dirimir los conflictos cuando surgen no están debidamente legisladas.

La legislación civil, sabia por su antigüedad, se vio desde hace tiempo sobrepasada por un desordenado conjunto de leyes, reglamentos, ordenanzas y prácticas de la administración pública tanto a nivel local como nacional, y en muchos casos por prácticas de las empresas. Esta maraña de leyes, usos y costumbres hace que para el ciudadano normal, o para el inversionista, realizar acciones sobre el territorio implique una procesión de trámites y documentos, cambiantes y oscuros.

Así, la regulación local sobre los aspectos territoriales no solo es imprecisa, sino poco conocida por la comunidad en general. Podemos citar como ejemplo la ordenanza para iniciativa, creación, aprobación e implementación de los planes de ordenamiento territorial en el municipio de San Salvador, que a pesar de ser un importante esfuerzo regulatorio vigente desde 2003, su operatividad práctica aún no ha sido consolidada por las autoridades municipales.

Los problemas no solo afectan los nuevos proyectos urbanísticos: los cambios de uso del suelo en las zonas urbanas consolidadas son fuente permanente de conflictos entre ciudadanos y autoridades. Es normal escuchar la queja de los habitantes de una colonia residencial en la que se autorizó la instalación de un taller de mecánica, una cervecería u otro negocio no compatible con el uso previo habitacional y esto, solo para mencionar un aspecto. No se diga de regular derechos aparentemente sutiles como el Derecho al Paisaje.

Se sabe que se ha presentado para su discusión en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de desarrollo y ordenamiento territorial, que en teoría permitiría delimitar las atribuciones de los gobiernos nacionales y municipales en materia de usos de suelo y determinación de responsabilidades sobre el mismo, que además sería la guía programada de las intervenciones públicas sobre el territorio, así como fijaría un marco único al ciudadano para relacionarse con los usos del suelo.

El Centro de Estudios Jurídicos considera que la iniciativa a primera vista es loable, pero que debido a la trascendencia de la materia a regular, esta debe ser ampliamente consultada y analizada, primero para garantizarse de que no sea una ley más que se sume a complicar la actual selva normativa en la materia, y segundo, para vigilar y asegurar que esta protege al ciudadano frente a decisiones de las autoridades al definir o cambiar los usos del suelo y finalmente, para cerciorarse que el respeto al debido proceso y al derecho de propiedad esté reglamentado de acuerdo con el marco constitucional y democrático, de manera que se establezca un adecuado equilibrio entre el ejercicio de la soberanía del Estado sobre el territorio y los derechos de los ciudadanos sobre su propiedad.