Buenas señales en la CSJ

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia ha dicho públicamente que tiene interés en corregir los males que constantemente se le señalan al sistema de administración de justicia: corrupción, mora en la decisión de los asuntos, burocracia exasperante, deficiente servicio al usuario, mal uso o distribución inequitativa de los recursos del Estado, entre otros.

Un funcionario del nivel mencionado que declare como prioridad de su gestión eliminar los despilfarros y contribuir a la superación de las deficiencias del sistema debe ser objeto de respaldos unánimes por los mismos integrantes del organismo judicial, la sociedad civil organizada, como las iglesias, las universidades, los sindicatos, los empresarios y por todos aquellos que tenemos la confianza que los titulares de las instituciones tienen la capacidad suficiente para transformar nuestra deprimente realidad.

Cuando a los políticos les pedimos despojarse de sus propios intereses sectoriales para que legislen y actúen por el bienestar general, también debemos trasladar esa exigencia a nosotros mismos; es necesario sacrificar beneficios personales a favor de las mayorías.

El Órgano Judicial cuenta, por mandato constitucional, con un presupuesto mínimo del 6% de los ingresos corrientes y debe cubrir todas las necesidades básicas para el adecuado cumplimiento de las funciones, desde las cúpulas judiciales hasta los más recónditos juzgados de Paz.

No se requiere mucha investigación para saber que hay juzgados de Paz o de Primera Instancia que desempeñan sus labores en condiciones precarias, que carecen de computadoras, tintas, impresores, fax, papelería suficiente y de motocicletas para las citaciones y notificaciones. Hay jueces que tienen que vivir dentro de su oficina porque no pueden viajar diariamente a su residencia por falta de medios económicos y su presupuesto no alcanza para alquilar una habitación. No tienen vehículo propio ni cuentan con alguno del Estado para realizar sus diligencias oficiales. Ellos son los olvidados del propio sistema, los que nunca son escuchados y a pocos les interesa conocer y resolver muchos de sus problemas. Para colmo, esos jueces alejados de la capital, por la obsoleta clasificación de la ley orgánica que los sitúa en cuarta y última categoría, son los peor pagados.

Como contrapartida tenemos los elegantes palacios judiciales, jueces y magistrados con sobrados vehículos a su disposición, combustible en cantidades que alcanzarían para dar varias vueltas diarias al país y con la cercana vigilancia de la administración que corre a cubrir las más ínfimas necesidades: son jueces y magistrados de primera categoría.

Aplaudimos las declaraciones del presidente de la Corte Suprema cuando anuncia dos puntos de su mandato: austeridad y distribución justa de los recursos asignados al Órgano Judicial. Obviamente entendemos que lo primero no significa quebrantar aún más las condiciones de los jueces de cuarta categoría ni disminuir prestaciones de funcionarios y empleados, sino suspender privilegios concedidos en exceso y controlar el uso racional de los recursos materiales y dineros públicos. Lo segundo, es trasladar los recursos necesarios a las oficinas que carecen de ellos con la finalidad de procurar un mejor servicio público de la justicia y garantizar mejores condiciones a los jueces.

Esperamos que la Corte Suprema no se distraiga discutiendo las prestaciones que deben tener los magistrados y dedique su tiempo a resolver los grandes problemas sometidos a su competencia, entre ellos, muchos que datan de varios años atrás. Apoyamos la visión de la nueva administración del organismo judicial y animamos a todos los funcionarios a seguir ese ejemplo en beneficio del país, para rescatar los valores éticos como la transparencia, la integridad profesional, la honestidad, la dedicación y la responsabilidad institucional.