La cruz y el puñal

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El vocablo “mara” es utilizado para denominar a las pandillas que operan en Centroamérica, México y Estados Unidos. Su origen se sitúa a finales de la década de los sesenta en la calle 13 de la ciudad de Los Ángeles, California.

Su desarrollo fuera del territorio estadounidense se debió a la deportación de enormes cantidades de emigrantes por la comisión de diversos crímenes, con lo cual se exportaron también las condiciones de violencia, delincuencia y supervivencia de estas personas, quienes encontraron terreno fértil para propagar su estilo de vida a jóvenes de sectores sociales marginados. En el ámbito nacional, la situación anterior se agravó posterior a nuestro conflicto armado y actualmente, este problema ha trascendido fronteras tanto en la nacionalidad de sus miembros como el territorio en el que operan, siendo parte de las mismas ciudadanos estadounidenses, salvadoreños, ecuatorianos, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses y mexicanos.

Esta pandemia social se alimenta, entre otros factores, de la desintegración familiar y está íntimamente ligada con la pérdida de los valores espirituales, las buenas costumbres y con la ausencia de materias que fomenten el respeto a la moral en los pénsum escolares y universitarios. Sobre tales aspectos, existe una responsabilidad compartida por parte de las autoridades gubernamentales, juntamente con las religiosas y familiares.

Es comprensible entonces que este fenómeno tan complejo no pueda ser tratado desde una sola arista, por lo que corresponde al Órgano Ejecutivo hacer una evaluación profunda e inmediata del mismo. En tal sentido, el plano de seguridad pública debe ser un elemento fundamental, pero debemos entender que no es la panacea que solventará semejante leviatán social, lección aprendida de los fracasos en los cuales se convirtieron los planes represivos de las manos duras y súper duras; sin embargo, con toda certeza podemos afirmar que la solución tampoco la encontraremos en la implementación de manos frágiles o aguadas, manifestadas en el otorgamiento de libertades a reclusos de alta peligrosidad y grado de jerarquía dentro de las organizaciones criminales, quienes solo necesitan un pequeño espacio, una mínima oportunidad, para ordenar crímenes innombrables desde las cárceles.

También debemos tener claro que la Constitución y el Derecho en general no han sido diseñados para la protección de grupos que se organizan exclusivamente para delinquir. Los derechos fundamentales no son absolutos y consecuentemente, el Centro de Estudios Jurídicos y la sociedad civil esperan de parte de los gobernantes una propuesta de legislación especial que aborde la problemática de forma integral y no solo en el aspecto represivo. En este punto se debe valorar el hecho de que la necesidad de una norma especial deviene de la misma naturaleza especial del grupo delictivo del que ahora brevemente abordamos, por cuanto no se puede tratar a estos como delincuentes comunes, porque precisamente, no lo son. El postulado mismo del principio de igualdad implica tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales: leyes y políticas especiales para situaciones y sujetos especiales.

Paralelamente, la salida a este fenómeno debe ineludiblemente abarcar aspectos preventivos, los cuales no pueden ser otros que tratar de rescatar los valores familiares y religiosos. Para ello, el Estado debe pactar con las iglesias, organizaciones no gubernamentales, entidades educativas privadas, pero principalmente con las familias. Es esta la verdadera solución integral. Si iniciamos ahora, talvez la próxima generación coseche un país diferente. Por último, recordando a uno de los ex pandilleros más famoso del mundo, Nicky Cruz, otrora líder de la pandilla los Mau-Mau de Nueva York y ahora reconocido predicador, debemos dejarle muy en claro a los pandilleros que solo tienen dos opciones: la cruz o el puñal, y dependiendo de su elección, así será la respuesta del Estado y la sociedad.