Cotidiana impunidad versus potestad punitiva

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Los ordenamientos jurídicos reconocen a los Estados la potestad punitiva, que en palabras sencillas consiste en un poder otorgado para castigar a aquellas personas que violentan ciertas normas legales y que afecten a otros individuos o a la sociedad en general.

Lo ideal sería que todos respetásemos los preceptos legales por convicción propia. Sin embargo, la cotidianidad es la rebelión al orden establecido como un fenómeno propio de la humanidad, que se magnifica en la cultura latinoamericana y especialmente en el actual escenario salvadoreño. De ahí la necesidad del poder punitivo del Estado para mantener y restablecer el orden social.

El patrón del quebranto al sistema jurídico está bien arraigado en nuestra cultura. Basta observar las calles céntricas de nuestra capital y apreciar las violaciones constantes al Reglamento de Tránsito. El tráfico vehicular es una selva donde las bestias temibles suelen ser los autobuses del transporte público, sin dejar de lado los no pocos ciudadanos particulares que son conductores temerarios; el colmo son los vehículos de placas nacionales y policiales que son los primeros en infringir la normativa de tránsito, como si tuvieran licencia para matar.

Asimismo, ya nos acostumbramos al desorden de los comerciantes informales, quienes se toman las calles peatonales como puestos de ventas anárquicas. Existen una infinidad de negocios, restaurantes, iglesias, centros nocturnos en zonas residenciales sin los permisos municipales correspondientes.

Es comúnmente aceptado en nuestro medio la receptación (venta de cosas robadas: “las cachadas”), también la evasión fiscal y el contrabando a todo nivel. Los anteriores vicios son un rumor añejo, objeto de anécdotas de escandalosa corrupción, que se dice, hasta provocaron el despido de un ministro de Hacienda por intentar penetrar esa “mafia”. Desde ahí descendemos fácilmente en el abismo del crimen organizado: narcotráfico, trata de blancas, tráfico de ilegales, secuestros, homicidios, y la tan de moda extorsión. Todo ello con íntima relación a la edificación de las pandillas o maras, con el supuesto poder de intimidar a los buenos ciudadanos.

Esta anarquía social convertida casi en un patrón cultural parece que está destinada a quedar en la impunidad. La ciudadanía honrada, que aún es la mayoría, solo le queda el sinsabor que aquí en El Salvador se violan las reglas jurídicas y el transgresor queda sin castigo. Parece que la única regla válida es que las leyes se hicieron para romperse.

¿Cuál será la razón de la extensa cultura salvadoreña a la desobediencia de las leyes? ¿Por qué existe tanta impunidad? Las respuestas a estas interrogantes son complejas y carecen de una solución fidedigna.

Es más pragmático y necesario reflexionar sobre las soluciones a esta actitud decadente del irrespeto al Derecho. No obstante, parece que el gobierno actual, al igual que los anteriores, está empecinado en corregir el trastorno social, apostándole a las reformas legislativas como fórmula mágica. En esa línea se encausa la reforma fiscal, en donde se plantea la creación de tribunales penales especiales en materia tributaria, a la usanza de los tribunales especiales para el crimen organizado.

Otro ejemplo es el anteproyecto de reformas a la Ley de Protección al Consumidor, en donde se amplían significativamente las sanciones administrativas y las facultades de órganos administrativos, otorgándoles incluso atribuciones de condenas y reparaciones, en una presunta usurpación de funciones al Órgano Judicial.

También, desde la administración anterior, existe un nuevo Código Procesal Penal esperando entrar en vigor, con pobres expectativas de ser una solución al índice delincuencial.

Sin embargo, el Centro de Estudios Jurídicos considera que difícilmente la solución a la problemática abordada se remedie por medio de leyes. Más bien, la solución viene dada por el fomento de valores, del respeto a la familia y al Estado y la erradicación valiente de la impunidad, es decir, la efectividad de la potestad punitiva.

La moda del debate

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Desde los inicios del proceso de democratización se iniciaron en nuestro país una serie de transformaciones en muchos ámbitos y una de ellas es la vigencia del ejercicio de la libertad de expresión en sus distintas dimensiones. Un derecho siempre reconocido en nuestras constituciones, pero no siempre respetado.

A partir de entonces las marchas populares se volvieron algo normal, las protestas y tomas de calles fueron situaciones nada extraordinarias. Cualquier grupo de interés, sin importar su índole, tenía las puertas abiertas para manifestarse de la manera que lo quisiera. Los gobiernos de diferentes periodos parecían impresionados ante el fenómeno, por lo que en no pocas ocasiones los excesos estuvieron a la orden del día. ¿Quién no recuerda el extenso periodo de crisis en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, situación convulsionada con una huelga indefinida que se cobró varias vidas por la falta de atención médica oportuna? ¿Quién no recuerda el cobarde homicidio de dos miembros de la Policía Nacional Civil, por unos seudo manifestantes? Este abuso de la libertad de expresión tiende a desprestigiar uno de los más valiosos instrumentos del ejercicio democrático, pero afortunadamente vemos proliferar también manifestaciones más sanas del ejercicio de este derecho y que constituyen intercambios de ideas, como corresponde a los pueblos civilizados.

Los programas radiales y televisivos que transmiten discusiones sobre distintos tópicos de interés nacional se pusieron de moda y continúan siendo programas con uno de los mayores ranking en nuestro medio; por ejemplo, los programas: “Ocho en Punto” y “Solo Fútbol” se han convertido en emblemas del entretenimiento mediante el debate sobre los dos aspectos que quizás más nos apasionan a los salvadoreños: la política y el fútbol. Sobre estas discusiones, no existe un método de configuración cerrado. Los medios de comunicación son creativos en el esquema a seguir.

La condición esencial para que exista un debate es la convergencia de dos puntos de vista distintos que guardan posiciones antagónicas en torno a un tema o problema. Verdaderamente es un conflicto de ideas.

En aspectos académicos con relevancia económica y jurídica, FUSADES ha sido una pionera en organizar y promover esta técnica de comunicación oral. Todavía la comunidad jurídica recuerda con mucha emotividad el debate organizado hace algunos años sobre las facultades normativas de la administración pública, en el que discutieron con brillantez y elegancia los juristas Roberto Oliva y Felipe Francisco Umaña h. (este último, de grata recordación) bajo un método innovador que conllevó también la participación de los versados comentaristas, doctores Albino Tinetti y Juan Daniel Alemán.

Lastimosamente, este tipo de eventos enriquecedores de ideas con profundidad intelectual son escasos entre nosotros, no obstante que contamos con todo el marco de libertades necesarias para que los profesionales de diferentes ramas, pero los abogados por antonomasia, utilicemos los espacios que un estado de derecho nos brinda. No sería desatinado reflexionar sobre si esta carencia de interés o desgano intelectual sea uno de los elementos que provoquen que las puertas de la libertad de expresión se vayan cerrando.

El Centro de Estudios Jurídicos, en su afán de coadyuvar a la consolidación del estado de derecho, está promoviendo un debate sobre el polémico tópico del arbitraje del Estado en sus diferentes perspectivas, entre dos personalidades notables del derecho salvadoreño, ambos ex presidentes de nuestro Centro, los doctores Mario Sáenz y Roberto Oliva. Discusión que tiene como punto medular si dicho arbitraje es obligatorio o no de conformidad a ley salvadoreña.

No dudamos que independientemente de la postura que adopte el respetable público que concurra al evento, al final será este el más beneficiado, pues probablemente presenciará uno de los duelos jurídicos más destacados en los últimos años. Valga la oportunidad para desearles suerte a ambos contendientes y para invitar a toda la comunidad a este emocionante esgrima legal.

¿Por qué no hacer las cosas bien y a tiempo?

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Nuestro país ha sido golpeado una vez más por fenómenos naturales y de nuevo el espíritu solidario de los salvadoreños se pone de manifiesto para apoyar a los hermanos necesitados. Sin embargo cabe preguntarse: ¿Hasta cuándo las instituciones cumplirán responsable y oportunamente con las obligaciones que les establecen las leyes? ¿Cuándo se dará a la prevención la prioridad que requiere? ¡Todo sería tan diferente si los entes estatales cumpliesen su papel a tiempo! Aunque no es el tema de esta ocasión, era inevitable hacer alusión a lo acontecido en días recién pasados en El Salvador, para expresar nuestra solidaridad con los conciudadanos que han sido afectados y elogiar la labor humanitaria que se realiza en torno a esta calamidad nacional, labor a la que cada uno de nosotros debe sumarse en lo que esté a su alcance.

Pero la vida institucional del país sigue y no podemos olvidar que hay asuntos de vital importancia pendientes de resolver, tal es el caso de la mora en el cumplimiento del rol constitucional de la Asamblea Legislativa en cuanto al nombramiento del titular de una institución tan trascendental como la Procuraduría General de la República, después de varios meses desde que el anterior funcionario terminó su período de elección. Recordemos que la Constitución y la ley preceptúan que el procurador general de la República tiene el rol notable de velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores e incapaces, dando asistencia legal a las ciudadanos de escasos recursos económicos, y representándolos judicialmente a estos en la defensa de su libertad individual y de sus derechos en general.

El Centro de Estudios Jurídicos, en su preocupación por el resguardo del imperio del derecho, hace un llamado a los diputados a la reflexión y los exhorta a que realicen un ejercicio serio de la función parlamentaria, despojándose de intereses partidistas y personales a fin de cubrir dicho vacío institucional.

Los hijos víctimas de padres irresponsables, los imputados que solicitan con urgente necesidad la asistencia de un defensor público, las personas de escasos recursos que requieren servicios legales y no pueden pagarlos, las familias que aspiran adoptar un menor, los trabajadores despedidos que piden un abogado que los asista; etcétera. Todos ellos posiblemente, están al margen del pensamiento de los diputados, quienes desestiman el grave perjuicio que la omisión de la Asamblea les está ocasionando.

Es nuestro deber insistir en lo perjudicial de esta omisión de la Asamblea, respecto de la cual la verdadera ofendida es la sociedad salvadoreña en general, a la que se deben los parlamentarios.

Es incomprensible que la Asamblea entre tantos abogados no encuentre un jurisconsulto que reúna los requisitos pertinentes: mayor de treinta y cinco años, que haya servido en una judicatura de primera instancia durante seis años o haya obtenido la autorización para ejercer la profesión por lo menos ocho años antes de su elección, de moralidad y competencia notorias. Agregaríamos nosotros, independiente, con conciencia social, valiente y con liderazgo reconocido en la comunidad.

Ahora pues, todo depende de nuestros diputados: insistirán en generar vacíos legales, caos e inseguridad jurídica en instituciones como la Procuraduría General de la República, posponiendo una elección tan importante, enfrascándose en discusiones estériles, componendas con intereses partidarios o personales, lanzando más cortinas de humo que cubran sus omisiones inconstitucionales, o harán lo correcto y actuarán de buena fe, tomándonos la palabra y eligiendo a un o una profesional idóneo.

Libertad de culto, más que una experiencia religiosa

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El derecho a la libertad de culto está garantizado en el artículo 25 de nuestra Constitución, el cual forma parte de un selecto catálogo de derechos individuales que han sido reconocidos por las diversas constituciones que han tenido vigencia a partir de la llamada Constitución venerable de 1886, la única que ha regido en el país por más de cincuenta años, en la cual se plasmaron de manera definitiva los principios filosóficos, políticos y jurídicos sustentados por el pensamiento liberal del siglo XIX.

Un largo y cruento camino sembrado de guerras, alzamientos y golpes de Estado debió recorrer nuestra joven república para evolucionar de un estadio de absoluta intolerancia religiosa consagrado en 1824 por la primera constitución de la República Federal de Centro América, en la que se reconocía a la religión tradicional como la única “con exclusión del ejercicio público de cualquier otra”, hasta alcanzar un régimen de absoluta libertad de culto reconocida en la referida constitución de 1886, el cual ha permanecido inalterable hasta nuestros días.

Por tanto, para los salvadoreños la tolerancia religiosa nos parecería la regla universal de conducta, cuando la realidad mundial nos demuestra a cada momento que esta se encuentra lejos de ser la tendencia dominante en el mundo del siglo XXI.

El fundamentalismo religioso, intolerante y excluyente, reapareció con toda su crudeza, después de la caída del Sha en Irán a fines de la década de los setenta, y a partir de entonces ha venido manifestándose de manera creciente en casi todas las regiones del globo. Afortunadamente América Latina se encuentra, hoy por hoy, alejada de esa tendencia.

Este inusual contraste favorable de nuestra realidad nacional con el contexto internacional nos ofrece ventajas inmejorables en la construcción de la cohesión social y en la solución de los problemas que aquejan a nuestro país, sin excluir aquellos que tanto nos agobian, como el de la delincuencia, la violencia social y las pandillas. Las iglesias, junto con la familia y la escuela, son por excelencia las instituciones forjadoras de valores en una sociedad, y por lo tanto las más capaces para jugar un rol protagónico en la labor de prevención del delito y de la delincuencia. Un ejemplo indiscutible de esta realidad lo constituye el hecho que la única forma permitida para un joven marero de dejar de ser miembro activo dentro de una pandilla es mediante el enrolamiento dentro de una comunidad religiosa.

El Centro de Estudios Jurídicos considera indispensable, después de los evidentes fracasos en la lucha contra la violencia impulsada desde la perspectiva de la utopía legal, asumir las ventajas que resultan de esta arraigada tradición de tolerancia religiosa, cuyo principal fruto ha sido el crecimiento de la espiritualidad y de una feligresía militante en su fe, para que desde el seno de las organizaciones religiosas se construyan soluciones participativas en la formación de valores, rescate de jóvenes en situaciones de riesgo, y la creación de programas de formación laboral, como una forma de prevenir el problema de la violencia desde su raíz.

No se trata de proponer la ilusión de combatir al crimen organizado y a la delincuencia con el crucifijo en la mano, pues estamos sabedores que para ello se requiere de la utilización de todo el aparato coercitivo del Estado. Sin embargo, lo que en esta ocasión planteamos es que se inicie la construcción de una extensa alianza con las comunidades religiosas organizadas, a fin de que estas extiendan su misión evangelizadora a la salvación, no solo de las almas, sino también de las vidas terrenales de comunidades en riesgo, que les devuelvan la fe en sus semejantes y les conceda la esperanza en una vida mejor en esta tierra, como antesala de la que alcanzarán en la otra vida.