Sistema tributario racional: pacto fiscal

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El tributo es toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado exige, en ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley. Los tributos existen porque hay gastos públicos, necesidades colectivas que es necesario financiar y que en un Estado moderno deben ser cubiertas precisamente mediante prestaciones exigidas de forma coactiva a sus habitantes. Sin embargo, un Estado social de Derecho como el salvadoreño no debe abusar de este poder coactivo en la exigencia de las contribuciones a su población, es por ello que todo sistema tributario racional que pretenda ser reformado debe partir siempre de un pacto fiscal.

Para que una reforma tributaria resulte exitosa es indispensable tomar en consideración la opinión del contribuyente. Solo mediante la intervención del sector productivo, empresarial y la sociedad civil en la elaboración y conformación de unas reformas tributarias podrá generar en el país la seguridad que la carga impositiva ha sido distribuida con equidad, pues se han tenido en cuenta las repercusiones que estas implican.

Este proceso de consulta se logra únicamente por medio de un pacto fiscal, que al mismo tiempo que vuelve consciente a la población respecto de las necesidades de recaudación del Estado, convierte a esta en un garante de la asignación de los recursos públicos obtenidos, involucrándola de forma activa en las decisiones de cuánto gastar en seguridad, educación, salud, etc., en la efectiva realización de esas decisiones (la ejecución del gasto público) y, de mayor importancia, en el control de la correspondencia entre la asignación de recursos y su puesta en práctica.

Las reformas tributarias que a la fecha pretenden ser implementadas carecen de este sustento básico –pacto fiscal– de cualquier sana política tributaria, pues se ha podido comprobar que su contenido e incidencias no han sido discutidos en los foros adecuados que aglutinen todos los sectores de la sociedad. La falta de este pacto ha generado que la población se encuentre recibiendo mensajes divergentes por parte de los diferentes sectores involucrados, careciendo de información clara y uniforme sobre la misma; lo que en definitiva genera una división de la población, y con ello se afecta la paz social tan indispensable para una reforma fiscal a ser implementada en un momento de crisis económica.

Es precisamente en la coyuntura de recesión en la que se encuentra el país que el pacto fiscal se hace aún más relevante, pues la población necesita tener claridad en cuanto a qué porcentaje de ella será afectada por el nuevo impuesto a los intereses de ahorros por encima de los $5,000, ¿generará esto un desincentivo al ahorro y una fuga de capitales que encarecerá el dinero bancario, aumentando las tasas de los créditos?, ¿por qué las reformas no amplían la base tributaria, sino solo crea nuevos impuestos?, ¿son reformas dirigidas al consumo que afectan directa y únicamente a la clase media?, ¿por qué no se genera igualdad en las deducciones de personas naturales y jurídicas?, ¿cómo se aborda en las reformas la elusión, evasión y el contrabando?, ¿por qué se elimina el proceso administrativo en el Ministerio de Hacienda para solventar cualquier error y se recurre directamente a la Fiscalía General de la República?

Un abuso por parte del Estado de su poder en la aprobación de esta reforma fiscal, sin que exista un pacto fiscal, únicamente generará que nuevamente se efectúen “ingenierías fiscales” por parte de ciertos sectores para evitar que ella les afecte, o simplemente sus costos serán trasladados a los consumidores; lo que en definitiva hará que la reforma únicamente afecte a los sectores económicamente más débiles de nuestro país. La gran interrogante es cuál es la aspiración de nuestros gobernantes: un sistema tributario racional y efectivo o simplemente un “paquetazo”.