¿Por qué no hacer las cosas bien y a tiempo?

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Nuestro país ha sido golpeado una vez más por fenómenos naturales y de nuevo el espíritu solidario de los salvadoreños se pone de manifiesto para apoyar a los hermanos necesitados. Sin embargo cabe preguntarse: ¿Hasta cuándo las instituciones cumplirán responsable y oportunamente con las obligaciones que les establecen las leyes? ¿Cuándo se dará a la prevención la prioridad que requiere? ¡Todo sería tan diferente si los entes estatales cumpliesen su papel a tiempo! Aunque no es el tema de esta ocasión, era inevitable hacer alusión a lo acontecido en días recién pasados en El Salvador, para expresar nuestra solidaridad con los conciudadanos que han sido afectados y elogiar la labor humanitaria que se realiza en torno a esta calamidad nacional, labor a la que cada uno de nosotros debe sumarse en lo que esté a su alcance.

Pero la vida institucional del país sigue y no podemos olvidar que hay asuntos de vital importancia pendientes de resolver, tal es el caso de la mora en el cumplimiento del rol constitucional de la Asamblea Legislativa en cuanto al nombramiento del titular de una institución tan trascendental como la Procuraduría General de la República, después de varios meses desde que el anterior funcionario terminó su período de elección. Recordemos que la Constitución y la ley preceptúan que el procurador general de la República tiene el rol notable de velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores e incapaces, dando asistencia legal a las ciudadanos de escasos recursos económicos, y representándolos judicialmente a estos en la defensa de su libertad individual y de sus derechos en general.

El Centro de Estudios Jurídicos, en su preocupación por el resguardo del imperio del derecho, hace un llamado a los diputados a la reflexión y los exhorta a que realicen un ejercicio serio de la función parlamentaria, despojándose de intereses partidistas y personales a fin de cubrir dicho vacío institucional.

Los hijos víctimas de padres irresponsables, los imputados que solicitan con urgente necesidad la asistencia de un defensor público, las personas de escasos recursos que requieren servicios legales y no pueden pagarlos, las familias que aspiran adoptar un menor, los trabajadores despedidos que piden un abogado que los asista; etcétera. Todos ellos posiblemente, están al margen del pensamiento de los diputados, quienes desestiman el grave perjuicio que la omisión de la Asamblea les está ocasionando.

Es nuestro deber insistir en lo perjudicial de esta omisión de la Asamblea, respecto de la cual la verdadera ofendida es la sociedad salvadoreña en general, a la que se deben los parlamentarios.

Es incomprensible que la Asamblea entre tantos abogados no encuentre un jurisconsulto que reúna los requisitos pertinentes: mayor de treinta y cinco años, que haya servido en una judicatura de primera instancia durante seis años o haya obtenido la autorización para ejercer la profesión por lo menos ocho años antes de su elección, de moralidad y competencia notorias. Agregaríamos nosotros, independiente, con conciencia social, valiente y con liderazgo reconocido en la comunidad.

Ahora pues, todo depende de nuestros diputados: insistirán en generar vacíos legales, caos e inseguridad jurídica en instituciones como la Procuraduría General de la República, posponiendo una elección tan importante, enfrascándose en discusiones estériles, componendas con intereses partidarios o personales, lanzando más cortinas de humo que cubran sus omisiones inconstitucionales, o harán lo correcto y actuarán de buena fe, tomándonos la palabra y eligiendo a un o una profesional idóneo.