Propósitos para 2009

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Ahora que estamos por finalizar el año, invariablemente surgen los propósitos para el siguiente, tanto en el ámbito personal como los deseos para el orden nacional e internacional. Algunos podrían ser realizables, especialmente aquellos que dependen de nosotros mismos, y otros pertenecen a lo inalcanzable porque no vemos que las piezas se muevan.

Por ejemplo, la finalización definitiva de las guerras, invasiones a otros países, la eliminación armamentista y la destrucción de armas capaces de acabar con la humanidad son temas sobre lo que muy poco podemos hacer. La permanente tendencia de los países considerados enemigos en fortalecer y modernizar su arsenal de guerra es una constante preocupación y amenaza para las sociedades. En nuestra región, que Cuba y Venezuela desplacen hasta sus costas naves marítimas empleadas para el ataque y se lleven a cabo entrenamientos militares causa temor. Que Estados Unidos, tradicionalmente dispuesto a las soluciones militares, no dé muestras claras de abandonar esas conductas ni de adherirse a la Corte Penal Internacional para enjuiciar a sus ciudadanos de cualquier nivel o rango, que cometen crímenes de guerra o de lesa humanidad, es motivo para pensar que no existe interés en cambiar de métodos para la convivencia internacional.

Sin embargo, en nuestra sociedad, muchos cambios obedecen a nuestras propias actitudes. Los procesos electorales que se avecinan no debemos contemplarlos dramáticamente como si está en juego la vida o la muerte. Dosifiquemos las pasiones sin desbordarlas por luchas partidarias ni hagamos de los favoritismos ideológicos contiendas sangrientas. Que la vida cotidiana no se detenga a contemplar exclusivamente lo que hacen y dicen los políticos en campaña. Hay, en nuestro alrededor aspectos que no conviene perder más tiempo para corregir: la inseguridad, el desempleo, la alta tasa de criminalidad contra la vida, la destrucción del medio ambiente, la corrupción de los funcionarios, el desorden en el tráfico vehicular y un largo etcétera.

En estos tiempos los políticos prometen arreglar todo en una desesperada búsqueda del voto; mañana, los que triunfen darán excusas y explicaciones porque no pueden cumplir sus promesas. Cuando los funcionarios que llegan a ocupar los cargos importantes para corregir aquellos problemas no son capaces de resolverlos, por falta de idoneidad o por presiones perversas que reciben, es la sociedad civil organizada la única capaz de fiscalizar con transparencia sus actuaciones y reclamar lo prometido. Es ella la que se coloca entre el ciudadano y el Estado para estructurar las voces que individualmente nadie escucha. Son las universidades, los organismos no gubernamentales, las asociaciones profesionales, las gremiales empresariales, los sindicatos, los grupos defensores de derechos y las iglesias, entre otros, que integran la sociedad civil organizada.

Los políticos se organizan y luchan para ostentar el poder. La sociedad civil se organiza para vigilar el correcto cumplimiento de aquellos. El señalamiento, la denuncia, las presiones de la sociedad moldean los comportamientos de los políticos.

Cuando el Estado se convierte en autoritario, fomenta la ilegalidad o no vela por las mayorías populares, es la sociedad civil la llamada al reclamo y la que acude al encauce para la solución de los problemas. Pero también estas organizaciones deben contar con líderes éticamente solventes, respetuosos del orden jurídico —que reconoce incluso el derecho a la desobediencia e insurrección cuando el Estado quebranta el orden Constitucional— y que defienda el interés común.

A las puertas de las elecciones para diputados, alcaldes y presidente de la República, no fijemos la mirada solamente en los colores, sino que también veamos, participemos y fortalezcamos a la sociedad civil organizada, porque ella tiene carácter permanente y por lo general busca el bienestar común a través de la legítima defensa de los derechos.

Constitución, el marco para una sociedad mejor

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El 20 del presente mes se cumplieron veinticinco años de vigencia de la Constitución de la República y recordamos los emotivos debates parlamentarios previos a su aprobación; las ideas fueron expresadas con libertad por los diferentes grupos políticos allí representados.

Recordamos con nostalgia aquellos diputados con sus brillantes intervenciones, aguerridos en el uso de la palabra y defendiendo con pasión sus principios y valores recogidos en sus fracciones políticas. Intensas horas de trabajo, de negociaciones, de luchas interpartidarias, de creatividad para salir adelante por la expectativa generada en la sociedad. El peso de la responsabilidad era muy fuerte.

En la historia reciente de nuestro país, esos debates han sido lo más cercano que hemos visto en los políticos durante la creación de normas que buscan el respeto a las diferentes posturas ideológicas, la armonía ciudadana y la prevalencia del interés social común sobre los de carácter individual o grupal.

Fue simbólico el hecho que, por un lado, ese espacio libre permitió la expresión de las diferentes posturas partidarias; por el otro, afuera, el país se desangraba en una guerra fratricida, derivada precisamente de la ausencia de discusión de ideas, de la falta de respeto a la voluntad popular y las condiciones deplorables de vida de la mayor parte de la población.

La Constitución recoge el pluralismo político, eso significa que pueden existir y convivir grupos socialistas, comunistas, izquierdistas, fascistas, derechistas, conservadores o liberales, como quiera llamárseles, toda vez que cumplan los requisitos formales para su configuración y se ajusten a las consideraciones de respeto al orden jurídico.

La primacía del interés social sobre el particular implica que todas las acciones institucionales vayan encaminadas a la búsqueda del bienestar y conveniencia de la mayoría de ciudadanos; sacrificar los intereses y privilegios de personas o pequeños grupos para favorecer a las mayorías es el deber ser de la Carta Magna.

Recordamos especialmente de aquellas jornadas de creación del texto constitucional dos cuestiones que ocuparon largas horas: la eliminación de la pena de muerte para delitos comunes y el orden económico, en especial, la limitación de tenencia de tierra en manos individuales o colectivas.

Los Acuerdos de Paz dieron origen a normas complementarias de la Constitución sobre asuntos pendientes, como el fortalecimiento del sistema judicial, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil, entre otros relevantes.

Nos consta que los constituyentes de los diferentes partidos políticos entregaron todo de sí para dejar como legado una Constitución moderna y con principios democráticos definidos; también, que la fracción beligerante, que no participó en la discusión del texto, puso más tarde su necesaria contribución para el fortalecimiento institucional.

Nuestro reconocimiento a los hombres y las mujeres que dedicaron tiempo y esfuerzo a la construcción de la obra, en especial a quienes se presentaron como verdaderos protagonistas, entre ellos, Luis Nelson Segovia, Ricardo González Camacho (QEPD), María Julia Castillo, Hugo Carrillo Corleto, Julio Adolfo Rey Prendes, Rafael Morán Castaneda, Guillermo Antonio Guevara Lacayo y Mercedes Gloria Salguero Gross.

Estos artesanos entregaron una obra acabada, mejorada con los Acuerdos de Paz; sin embargo, es difícil aceptar que la norma primaria ha sido respetada y cumplido sus objetivos.

Vivimos la paradoja de contar con una moderna Constitución, acorde a los tiempos, pero la realidad nos demuestra la incongruencia y el caos en los órdenes políticos, sociales y económicos, fomentados muchas veces desde las propias instituciones. Los idealistas constituyentes se sentirán frustrados al ver el desprecio a su obra, especialmente por los funcionarios que juran su cumplimiento al asumir sus cargos. En este aniversario, exhortamos a los funcionarios a supeditarse a la Constitución y con seguridad alcanzaremos una mejor sociedad dibujada por sus redactores.

Indiferentes con las víctimas, complacientes con criminales

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Hemos seguido de cerca el debate que gira alrededor de la sanción del nuevo Código Procesal Penal aprobado recientemente y por unanimidad de las diferentes fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa y también de las observaciones al texto por parte de la Presidencia de la República. Algunas observaciones presentadas son válidas, otras irrelevantes y otras inaceptables. A este último grupo pertenecen las que niegan o dificultan a las víctimas el derecho de acceso a la justicia y las que impiden al juez controlar las actuaciones del fiscal cuando este pretende favorecer a un delincuente concediéndole un criterio de oportunidad, entre otras.

Seguramente el Órgano Ejecutivo no reparó que las dos observaciones anteriores van en la línea del favorecimiento a la impunidad: una porque limita a las víctimas acceder a la justicia y la otra, porque impide el juzgamiento de todos los criminales.

Con relación al primer aspecto, cuando la víctima denuncia un delito ante la Fiscalía y esta no investiga el hecho o que habiéndolo investigado no lo presenta ante el juez, aquella no puede ir directamente a los tribunales a solicitar que intercedan en su favor —como ha sido—, sino que la queja debe formularse ante la misma oficina del fiscal, donde, si tampoco recibe respuesta, la pobre víctima tendrá que ir directamente al engorroso, lento y burocrático camino de la Sala de lo Constitucional, pidiendo amparo contra el fiscal por violación al derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, proceso que no se libra de las presiones que atentan contra la independencia judicial. Otra vía menos realista es iniciar un antejuicio en la Asamblea Legislativa contra el fiscal general por el delito de omisión de investigación, que nunca prospera porque los partidos políticos representados en ella no examinan el caso, sino que negocian políticamente los resultados.

Se produce una revictimización por parte del Estado en la medida que se obstaculiza a los ofendidos del delito el derecho a que un juez resuelva su caso. Basta interesarnos en todo lo que tiene que sufrir la víctima con las deficientes actuaciones del sistema para saber que el sufrimiento por el delito termina siendo inferior al que produce el Estado. Hay una terca tendencia a poner en manos exclusivas del fiscal la facultad de promover la acción penal, a pesar de que dicha institución apenas tiene capacidad para presentar ante el juez menos del 15% de los delitos denunciados.

Con lo anterior pareciera que se piensa más en el control político de las instituciones, que en los ciudadanos. Si el Estado no es capaz de prevenir el delito, al menos debe facilitar a las víctimas el buscar justicia ante los tribunales.

El segundo aspecto va en la misma línea de favorecer la impunidad. Con las observaciones del Ejecutivo se busca por todos los medios anular el control judicial de las actuaciones del fiscal con relación a los criterios de oportunidad. Si el fiscal decide no perseguir a un delincuente, no quieren que esa decisión sea sometida a revisión por un juez, sino que se acepte ciegamente, aunque ello signifique conceder beneficios, la libertad y protección estatal a quien secuestró, asesinó o extorsionó a muchas víctimas.

Debemos ser coherentes. La persecución del delito es una imperiosa necesidad en nuestro país; es hora de hacer a un lado las intolerables concesiones de criterios de oportunidad o por lo menos deben ser sometidos al control de los jueces, fortalecer las técnicas de investigación científica y asegurar la condena de los culpables.

La Asamblea debe revisar las observaciones, pero los dos puntos señalados conviene mantenerlos como fueron aprobados unánimemente.

¿Reducen los datos o los homicidios?

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

En medio del repunte de crímenes violentos que reportan los diferentes medios de comunicación, las instituciones que registran los homicidios: Instituto de Medicina Legal, Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil, han anunciado una reducción del diez por ciento con respecto a los casos del año pasado.

Cualquier reducción en el número de homicidios es positiva, pero si ese porcentaje es cierto pareciera un pírrico triunfo tomando en cuenta que esa reducción no nos saca del tope de la lista del país más violento de América y de los más violentos del mundo. Los resultados no pueden alegrar ni satisfacer a las propias instituciones que han trazado su estrategia fundamental en el cambio de leyes, aumento de penas y facultades de detención.

Las sensaciones ciudadanas de que hay más delitos que los reportados parece que no ceden. Una de las causas es precisamente la manera en que la información pública y los datos relacionados con el delito se manejan. Estas instituciones no han permitido ser examinadas ni auscultadas para establecer si su forma de recabar los datos o si la organización de la información que hacen es adecuada y si a final de cuentas los datos se apegan a la realidad. Más bien se decidió centralizar la información para evitar que la cantidad de homicidios reportados por la Policía fueran menores que los reportados por otras instituciones. Se dice que cada institución recaba datos sobre homicidios, pero no cómo hacen su trabajo, cuáles son las fuentes de información, si hay seguimiento de lesiones que terminan en muerte, cómo se contabilizan los homicidios en los que el cadáver se encuentra posteriormente a la denuncia, si los casos en los que no aparecen señales iniciales de violencia pero después se comprueba lo contrario son agregados o no a los reportes de homicidio, si se contrasta información alcaldías, medios de comunicación y cementerios privados y municipales, si separan casos de cadáveres identificados y no identificados, etcétera.

En junio de 2007 el PNUD presentó el Informe: “Deficiencias policiales, fiscales y judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad”. El informe estuvo basado en el estudio de los homicidios ocurridos en el año 2005 en las ciudades de San Salvador, San Miguel y Santa Ana. El propósito principal fue identificar las deficiencias que producen impunidad y evidenciar las discrepancias estadísticas entre la Policía (PNC), la Fiscalía (FGR) y el Instituto de Medicina Legal (IML), sobre la cantidad de homicidios cometidos.

En el informe mencionado los casos de homicidios presentaron estas deficiencias en la investigación: ausencia de análisis balísticos y de fluidos corporales, descoordinación entre la Fiscalía y la Policía, ausencia de búsqueda, identificación y localización de testigos por dichas instituciones, ausencia o deficiente inspección en la escena del crimen, ausencia de recolección de huellas, no incorporación de las autopsias en expedientes de la Fiscalía e inexistencia de diligencias para individualizar sospechosos

Pero el estudio no solo exhibió en sus contenidos los problemas de investigación, también plantea la existencia de mayor número de homicidios que el presentado por el Instituto de Medicina Legal a los medios de comunicación. El director de esa institución afirmó que los datos proporcionados por un miembro de su institución y usados en el estudio eran falsos, pero se negó a dar acceso a investigadores académicos y a algunos medios de comunicación para examinar los expedientes y datos.

Ya lo había sugerido la Comisión de Seguridad Ciudadana y Paz Social: es necesario crear una institución que recopile, sistematice y dé información para conocer y enfrentar adecuadamente el delito.

Además es importante mejorar para el ciudadano el acceso a la información pública. El proyecto presentado por FUSADES y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional es una de las propuestas que debe servir de base a una legislación urgente para mejorar la confianza en las instituciones.

¿Confiamos en los delincuentes?

Por el Imperio del Derecho/Centro de Estudios Jurídicos

El título puede parecer repugnante, pero tiene su explicación. Según nuestra Constitución, la finalidad de los centros penitenciarios es corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Ningún objetivo está destinado a imponer sufrimientos o castigos en contra de los detenidos; más bien, el constituyente confía en la posibilidad que los seres humanos somos capaces de ser recuperados a través de la formación de nuevos patrones de comportamiento. Lo que no pudo hacerse por medio de la prevención del delito, debe procurarse a través de la readaptación del delincuente.

Para semejantes finalidades tenemos un sistema penitenciario llamado progresivo. Esto significa que la propia conducta penitenciaria del interno le permitirá paulatinamente ir ascendiendo a diferentes fases hasta obtener su libertad definitiva, pasando por una clasificación ordinaria, de confianza, de semilibertad y libertad condicional.

Aceptamos que la actividad penitenciaria es compleja; se trata de lidiar con hombres y mujeres con personalidades heterogéneas, generalmente conflictivas y muy dadas a realizar conductas reprobadas por la sociedad.

La observación y evaluación constante del condenado permite a los equipos técnicos criminológicos mantener una opinión sobre los avances o retrocesos en el desarrollo de su personalidad. El tiempo en prisión y la buena conducta son indispensables para que puedan alcanzarse algunos derechos reconocidos por la ley, entre ellos los permisos de salida, sobre los que centraremos la atención.

Los permisos de salida tienen muchas ventajas recogidas de las experiencias de otros sistemas que lo ponen en práctica. Para que un condenado los disfrute, debe estar clasificado en la fase de confianza o en la de semilibertad, a las que se llega después de haber cumplido la tercera parte o la mitad de la pena, respectivamente; y en ambos casos, que los especialistas (psicólogos, educadores sociales, médicos, etcétera) emitan un dictamen y pronóstico favorables afirmando que el prisionero tiene capacidad para salir y regresar al establecimiento.

Una de las ventajas de los permisos de salida es que reduce las tensiones propias del aislamiento, fortalece los vínculos familiares, constituye un estímulo por su buena conducta y crea un sentido de responsabilidad, descongestiona las prisiones y produce un ahorro en el costo por recluso. Queremos insistir, no se trata de abrir las puertas de las prisiones a todos los delincuentes, sino exclusivamente aquellos que los especialistas en la conducta humana están seguros de que han superado las tentaciones a reincidir en el delito y no se trate de casos de extrema gravedad.

En nuestra realidad nunca hemos visto a plenitud el sistema progresivo que desarrolla el ordenamiento legal. Las autoridades penitenciarias, desde los titulares hasta el último personal, tradicionalmente están aferradas a un concepto y finalidad diferentes: la custodia de los presos evitando las fugas y a la seguridad del establecimiento penitenciario. El éxito en el desempeño lo miden en el número de internos que se escapan, en la cantidad de motines anuales o en los muertos en riñas violentas. Pero la eficacia del sistema debe descansar en la cantidad de personas que han sido readaptadas a la sociedad y que están en capacidad de vivir sin el delito.

Está comprobado que la atención adecuada a los delincuentes, la flexibilidad, la comprensión, el trabajo, la atención sanitaria, la educación y la intervención profesional aseguran la resocialización. Mientras que el trato inhumano, la disciplina rígida, la negación de derechos humanos y la dureza en la convivencia cotidiana garantizan la reincidencia en el delito.

La mayoría de delincuentes seguramente son personas capaces de adaptar su conducta a parámetros normales dentro de la sociedad; otros son incorregibles. El sistema debe poner énfasis en atender los primeros y mantener todas las medidas de seguridad contra los demás.

Observaciones al nuevo Código Procesal Penal

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Recientemente se elogiaba por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa por haber alcanzado consenso en la aprobación del nuevo Código Procesal Penal al que concurrieron 77 votos a favor. Ahora el Ejecutivo devuelve con observaciones a la Asamblea aquel ordenamiento, principalmente porque la Fiscalía reclama tres aspectos: primero, la facultad de desistir de la persecución penal de ciertos hechos y a favor de ciertos autores o partícipes de un delito; segundo, que las víctimas no tengan el derecho de acudir ante un juez en busca de justicia cuando el fiscal retarda deliberada o negligentemente la presentación del requerimiento; y tercero, que se suprima la facultad del juez de sancionar disciplinariamente a las partes (incluido el fiscal) cuando actúen de mala fe ocultando información o aseverando hechos falsos, por incomparecencia a audiencia o por litigación temeraria.

En la sentencia de inconstitucionalidad 2-2005, la Sala de lo Constitucional procura conciliar las tensiones entre el juez y el fiscal cuando este se niega a perseguir un delito y aquel cree que corresponde acusar. La mencionada sentencia contempla que el juez no podría obligar al fiscal a acusar una persona, cuando considere que ese delincuente contribuirá al descubrimiento de otros autores y delitos y a cambio decide favorecerlo con el beneficio del criterio de oportunidad; pero tampoco el fiscal puede obligar al juez a que autorice dicho beneficio. Esta interpretación de la sala respeta la independencia de atribuciones entre el fiscal y el juez.

Pero el fiscal general a través de las observaciones busca que la facultad de decidir favorecer a un delincuente con un criterio de oportunidad recaiga exclusivamente en su institución sin estar sometida a la verificación judicial. Siempre es saludable el control del poder, porque procura evitar arbitrariedades; en igual sentido, las decisiones judiciales están expuestas a ser impugnadas por los afectados, con la posibilidad que otro juez corrija los posibles errores en la apreciación de los hechos o del derecho.

El segundo aspecto atiende a la necesidad de facilitar a las víctimas del delito el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia. Con frecuencia se escucha de altos funcionarios estar a favor de las víctimas, pues aquí estamos en presencia de un caso concreto que deben demostrarlo, permitiéndoles acudir ante el juez cuando el fiscal no investiga el delito o retarde la presentación de un requerimiento. Pero tampoco en este supuesto el juez obligará al fiscal a que acuse, simplemente a que promueva la acción en los términos que crea procedente.

Por último, el juez como director del proceso está obligado a examinar las actuaciones de los abogados, sean defensores o fiscales, vigilando sus comportamientos y evitando el ingreso de medios de pruebas falsos que puedan conducir al error judicial. Hay abogados propensos a manipular las pruebas, convenciendo a las víctimas o los testigos a que se retracten de una incriminación o que sin fundamento señalen a un inocente.

El que la Fiscalía no quiera someterse al control de legalidad sobre sus actuaciones no es argumento serio para rechazar el nuevo código. Si la preocupación de la Fiscalía es que no tiene capacidad real para cumplir las solicitudes de justicia de miles de víctimas, entonces debe eliminarse el monopolio de la acción penal permitiendo a los ofendidos presentar acusaciones por delitos de acción pública directamente a los tribunales. De otra manera se viola el principio de acceso a la justicia y se llenarán de reclamos la Corte Suprema y los organismos internacionales.

Los diputados, antes que aceptar las quejas del ministerio público, debiesen recordar a los ciudadanos que han atendido pidiendo que la Fiscalía cumpla sus deberes legales.

Cuestiones municipales

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

La lista de incumplimientos a la normativa legal aplicable a los municipios es larga. Las cosas no marchan bien, sean azules, tricolores, rojos, verdes o amarillos; sean concejos municipales que se dicen del primer mundo o aquellos sumidos en el subdesarrollo; sean municipios con el titular del gobierno devengando $5,571 mensuales o nada más el salario mínimo. La tendencia es uniforme y para ilustrarla mencionaremos un caso por ahora. Seguiremos con otros posteriormente.

Ninguna explicación cabe para que una alcaldesa a quien se le dirigió una petición firmada por 100 personas, señalándole varias anomalías, entre ellas la alteración de la tranquilidad nocturna por un establecimiento de “alcurnia”, por cierto con falta de responsabilidad social empresarial, no diera esperanzas de solución y prefiere guardar profundo silencio. No se oye, no se mira no se habla, ese es el proceder de la funcionaria municipal.

Según se lee en la Constitución de la República, los funcionarios ya sean del sector del gobierno central o del municipal son servidores públicos. Ya se superó la etapa histórica de los súbditos que debían ver hacia arriba e implorar la gracia del monarca. Ningún texto de Derecho Constitucional moderno acepta esa condición. Ahora existen ciudadanos, a quienes la Carta Magna les concede derechos para pedir y reclamarle a los funcionarios, de una manera decorosa eso sí. La soberanía reside en el pueblo, siendo consecuencia de esto que el verdadero jefe es el pueblo y el funcionario el subalterno, que actúa en nombre de aquel, para responder a lo que este requiere.

Cuando desde hace un año se le señaló una anomalía al funcionario municipal, se le reiteró, se organizaron los vecinos y volvieron a señalar el problema, sin que se produjera respuesta. ¿En qué radica su falta de acción? Al no darse explicación, los indicios apuntan a que existe complacencia, porque son afines a la misma línea política con el denunciado o compadres políticos. A esta conclusión se llega porque cuando se trata de infractores “humildes”, en ese caso no hay resistencia para actuar, no cumpliendo con el principio de igualdad constitucional.

Fácil es ubicar en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional las sentencias de esta declarando que ha lugar al amparo cuando nada mueve a un funcionario a dar respuesta a las peticiones formuladas. Debe destacarse también que esa omisión vulnera también las normas de la ética gubernamental, debiendo sumársele a sus errores la falta de transparencia, por negarse a dar información que se le ha solicitado. Si a lo dicho se agrega que ya existe un pronunciamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ordenando que se realicen acciones a fin de evitar la contaminación sónica que violenta el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y por tanto que no se interrumpa la tranquilidad, el descanso, la armonía y la convivencia familiar y que la autoridad municipal a quien se dirige la resolución se declara en rebeldía porque consigna datos no veraces y no actúa, se extrae de ese no hacer una conclusión: ese es un ejemplo de cómo no deben actuar los funcionarios públicos.

Del 12 al 14 de los corrientes el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional celebró un evento de alta calidad académica con la presencia de destacados juristas como Fix Zamudio, Carpizo, García Laguardia, Hernández Valle, etc.. Probablemente sus valiosas disertaciones chocan ante la soberbia de algunos funcionarios, para quienes el derecho constituye un estorbo y prefieren orientar sus actuaciones a los cánones del absolutismo monárquico.

Los políticos y los ciudadanos

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Con el reciente gane de Barack Obama el mundo está a la expectativa de la nueva administración, especialmente lo relacionado con la política exterior, concretamente sus reacomodos con América Latina.

Indudablemente el recién electo presidente de Estados Unidos tiene un enorme reto con una América Latina transformada que incluye desde gobiernos derechistas, como el de Colombia y el nuestro, hasta aquellos hostiles hacia el actual Gobierno estadounidense, como el de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Según la plataforma de campaña del presidente electo Obama, promoverá un diálogo directo con líderes de todo el mundo, en particular con aquellos que han sido históricamente adversarios de Estados Unidos.

Desde el principio de su campaña el electo presidente expresó un nuevo rumbo en su política exterior con mensajes de paz y reconciliación. Su tema fuerte fue que terminaría la guerra con Iraq en forma responsable. Pero los retos no terminan allí, es urgente revitalizar la anémica economía global, el problema migratorio con cerca de quince millones de ilegales que residen en ese país y otros tantos.

Las corrientes institucionales juegan en su favor. Obama gobernará junto a una legislatura afín a su pensamiento, ya que ambas entidades del Capitolio (Senado y Cámara de Representantes) serán lideradas por el Partido Demócrata.

La crisis financiera y global, el deterioro del medio ambiente, la pobreza, las enfermedades todavía incurables que producen la muerte a millones de personas en el mundo deben ser los principales focos de atención de los líderes mundiales.

Las ideologías políticas, las viejas tensiones entre izquierdas y derechas deben ceder para contrarrestar los graves problemas del presente y futuro inmediato que sufrirá la humanidad.

Que los cambios en Estados Unidos tienen una resonancia en el mundo no es ninguna exageración; al menos en nuestro ámbito latinoamericano esa importancia puede analizarse en dos vías: la primera, que aquellos gobiernos que promueven sentimientos contrarios a Estados Unidos, talvez no encuentran un interlocutor contestatario que aliente las confrontaciones y por ende, se reduzcan sustancialmente las tensiones actuales, como los movimientos belicistas que estamos presenciando en Venezuela con la compra de material de guerra y entrenamientos militares peligrosos; la segunda, que los países que mantienen una cercana relación con el país del norte tendrán que experimentar también cambios en sus políticas económicas, sociales y de cualquier otra índole conforme a los lineamientos que establezca el futuro Gobierno norteamericano.

Pero una de las más grandes lecciones aprendidas en el proceso electoral norteamericano es que se renueva la tesis basada en que el poder reside en el pueblo, quien de modo civilizado se manifiesta en las urnas y su decisión es respetada. El éxito de las democracias, por otro lado, no reside exclusivamente en que el poder se entrega a quien configure las mayorías, sino que se entienden legitimadas cuando las mismas sean el producto del convencimiento sincero sobre acciones o promesas reales, posibles y ejecutables y no cuando las decisiones o el voto están basados en las falsas promesas o en ofertas imposibles de cumplir y menos todavía, cuando se obtiene un caudal electoral amparado en falsos temores.

Muchos salvadoreños, especialmente en las áreas rurales o en zonas urbanas marginales, donde el pueblo no tiene acceso a información cualificada, son presa fácil de los políticos en tiempos de campaña, quienes tienden a aprovecharse de la candidez y la buena fe de los futuros votantes.

Desde fuera de la euforia que padecen los políticos, creemos que es básico que ellos identifiquen los problemas del país o de una región particular y que propongan soluciones posibles, aunque no resuelvan todas las necesidades urgentes. Pero esto siempre será mejor que crear expectativas difíciles de cumplir. Políticos: no jueguen con la inocencia del pueblo que todavía los privilegia con escucharlos y acompañarlos en su carrera hacia el poder.

Vicios en los tribunales

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El fiscal general ha solicitado al presidente de la República que vete el Código Procesal Penal recientemente aprobado porque, según sus apreciaciones, favorecerá la delincuencia, otorga poderes excesivos a los jueces al darles control de los criterios de oportunidad y permite la corrupción de los mismos. No explica ni da razones para tales afirmaciones. En nuestro artículo anterior pronosticamos que pronto aparecerían detractores y en efecto lo hizo públicamente uno de los principales protagonistas en la aplicación de la nueva normativa.

En realidad, cualquier fiscal estaría preocupado por el peso de responsabilidad que le impone el nuevo código, que resulta materialmente imposible de cumplir con los precarios recursos que cuenta y su poca creatividad en la investigación del crimen.

No obstante, es justo también poner en el ojo crítico el ejercicio de la judicatura para señalar sus deficiencias y problemas. Desde luego carece de seriedad afirmar que la situación deriva del actual o del nuevo código, y se faltaría a la verdad si se dijera que la Fiscalía ofrece mejores muestras de eficiencia y transparencia que la judicatura. Ya hemos expresado algunos problemas del ministerio público; podemos ahora señalar otros de la judicatura. Allí encontramos diversidad de comportamientos, desde irregularidades en el desempeño hasta acciones delictivas. Algunos jueces violan el debido proceso cuando la ley impone el deber de celebrar audiencias, autorizar conciliaciones, procedimientos abreviados o sobreseimientos, pues no toman las decisiones sino que las delegan a los secretarios; en otros juzgados es costumbre obligar a los interesados a que firmen hojas en blanco porque tienen pereza de levantar actas, de modo que el firmante desconoce el contenido que se insertará en la misma.

Hay tribunales tan desordenados que pueden tardar más de una hora para exhibir un expediente al interesado o que no pueden mostrarlo porque el empleado encargado del mismo no asistió al trabajo. La mora en la decisión de los casos en materia civil, mercantil y de menor cuantía es escandalosa e insoportable, no solo porque dificultan el ejercicio de la abogacía, sino porque niegan el derecho fundamental a una justicia pronta como manda la Constitución. Muchos de estos problemas tienen su origen por las reiteradas inasistencias de los jueces a sus despachos o la falta de dedicación o interés para resolver los asuntos bajo su competencia.

Hay jueces prepotentes que se rigen por normas personales y no por las que impone la Constitución y la ley, que impiden a los interesados expresarse ante ellos, presentar pruebas o interponer recursos. Otros se mantienen al margen de la organización del tribunal y dejan a los empleados que impongan el ritmo, promuevan la holgazanería y la corrupción.

El principio ético de la independencia judicial también es violentado por muchos jueces, en la medida en que permiten influencias externas o internas o resuelven los casos cediendo a presiones de grupos de poder. También hay jueces que directa o indirectamente piden o aceptan dádivas, favores o beneficios para resolver en determinado sentido. Ahora que se acerca la Navidad, comenzará la tradición de ciertos tribunales de recibir con alegría los regalos de todo tipo y los empleados muestran más simpatía a quienes lleven los mejores obsequios.

También hay jueces que no se preocupan por mantenerse actualizados en los conocimientos jurídicos y dictan sentencias con pobres contenidos y razonamientos, violando el principio ético de “conocimiento y capacidad”, contemplado en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, como el derecho de los justiciables y de la sociedad a obtener un servicio de calidad por parte de los administradores de justicia.

Los anteriores señalamientos no serán detectados ni corregidos oficialmente, mientras el Consejo Nacional de la Judicatura no mejore el actual sistema de evaluación judicial y las instituciones de control judicial no tengan independencia y mejora de sus procedimientos.

Nuevo código para instituciones precarias

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Para complacencia de aquellos que querían un nuevo Código Procesal Penal, la semana pasada fue aprobado por la Asamblea Legislativa un texto que busca armonizar la realidad con el respeto a los derechos fundamentales de víctima, victimario y sospechoso.

Afortunadamente, hoy los diputados escucharon a las diferentes escuelas de Derecho del país, a las asociaciones de abogados y de jueces, a los organismos no gubernamentales y respetables opiniones que salieron denunciando la intención de distorsionar el sistema penal con el anterior proyecto de ley presentado en noviembre pasado y que ha sido desechado para dar paso a un ordenamiento acorde a la Constitución.

De las excesivas atribuciones al fiscal que concedía el proyecto desechado, hoy se ha limitado a lo permitido constitucionalmente; de la eliminación del rol de los jueces de Paz y la reestructuración de los tribunales de Sentencia, se ha pasado al reforzamiento de estos. Del manejo discrecional y sin control del fiscal sobre los criterios de oportunidad, ahora será sometida al control judicial la facultad de prescindir de la persecución penal.

Hay mucho que opinar sobre el nuevo ordenamiento, pero fijaremos la atención en una importante innovación: el deber que tiene la Fiscalía de promover la acción penal ante los tribunales. En el código todavía vigente no se contempla ningún mecanismo para exigir al fiscal que presente requerimiento por hechos delictivos aunque los haya investigado. Prácticamente somete a las víctimas a una espera interminable para que el caso sea sometido a la justicia, sin tener plazos ni controles judiciales. Esto ha significado que muchísimos delitos han sido denunciados ante la Fiscalía y transcurren los meses o años, sin que se lleven los casos ante el juez y por ende, negando el acceso a la justicia para las víctimas.

El nuevo código reconoce a la víctima el derecho de acudir ante el fiscal cuando han transcurrido dos meses después de la denuncia sin que no se haya presentado requerimiento; la ley concede cinco días al fiscal para que lo haga o en su defecto se quejará ante el juez, quien prevendrá el ejercicio de la acción, bajo la amenaza de aplicar el régimen disciplinario por realizar prácticas dilatorias o abusar de las facultades legalmente concedidas. Inicialmente reconvendrá al infractor, luego podrá amonestarlo y si persiste en no presentar el requerimiento, le impondrá una multa, sin perjuicio de las responsabilidades penales y profesionales.

Disposiciones como las anteriores requieren de una Fiscalía que esté a la altura de las necesidades de justicia que tiene la población; es justo por otro lado, exigir a los diputados que refuercen el presupuesto de las instituciones encargadas de la investigación del delito. De lo contrario, estaríamos ante un texto legal que destaca la celeridad pero con instituciones que no pueden cumplir los plazos por escasez de recursos humanos y materiales.

Tampoco podemos dejar de decir que el problema principal de la impunidad en nuestro país no radica en las leyes, sino en las deficientes investigaciones del delito. Se necesita atender adecuadamente a la Policía y la Fiscalía. El cambio de código no es tan urgente como el fortalecimiento de las instituciones fiscales y policiales. El código de 1998 que está por desaparecer sufrió muchas reformas cuestionadas de inconstitucionales o excesivas, a lo largo de los 10 años de vida. Ahora lo que se hace es eliminar todas esas reformas y mejorar el texto inicial. Visto de otro modo, el trabajo ha consistido en volver al principio, introducir nuevos mecanismos amparados por la Constitución, mejorar su redacción y sistematización. Es posible que pronto aparecerán detractores y comenzarán nuevos procesos de reformas. En este círculo estaremos hasta que se entienda que no basta modernizar las leyes cuando se tienen instituciones precarias para combatir el crimen.

Bajar Código Procesal Penal - Megaupload

Anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública

El 10 de septiembre del presente año, el grupo parlamentario "Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional" que puede abreviarse FMLN, presentó su proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, mediante la cual pretende trasparenta el ejercicio de la función pública. El diputado Gersón Martínez, manifestó en su oportunidad que se pretende: “establecer las normas que garanticen el ejercicio del derecho fundamental de las personas a obtener en forma, clara, suficiente, directa y oportuna”.

Bajar Anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública - Megaupload

Propuesta a favor de la mediocridad

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El jueves 2 de octubre, LA PRENSA GRÁFICA dio a conocer que varios músicos populares salvadoreños han presentado a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley supuestamente para fomentar la música nacional. Lo que persiguen es que las estaciones de radio del país tengan que programar un 30% de música salvadoreña. A primera vista, puede parecer una medida loable de apoyo al “talento” nacional, que recibe poca atención y favor del público y los difusores de música.

La ley podría impugnarse como inconstitucional, ya que es una restricción irrazonable a la libertad económica y libertad de expresión de los titulares y oyentes de las empresas radioemisoras. Lo que pretende es crear una audiencia cautiva para un pequeño sector de intérpretes y forzar a la radio-audiencia a escuchar “patrióticamente” lo que no ha elegido. Si además de esta cuota obligada sumamos las cadenas de radio del gobierno y los comerciales, poco quedará para la música predilecta.

Es políticamente incorrecto decirlo, pero la verdad es que si los peticionarios fueran buenos o al menos respondieran a los gustos del público, no necesitarían la ley. Predomina la música extranjera en nuestras ondas debido a su mayor variedad y calidad, lo que hace que el público responda a ella espontáneamente. Esto es lo que sucede cuando un intérprete nacional es de alta calidad o satisface al público.

En realidad, se está pidiendo adoptar un esquema perjudicial y que puede producir efectos contrarios a los que se pretenden. Concederle un espacio reservado, de manera forzosa, a un grupo de músicos, significa quitarles todo estímulo para mejorar, ya que saben que por malo que sea su producto, debe ser transmitido. El efecto final será una reducción de calidad del producto musical nacional.

Si tenemos dudas que esto pueda pasar, recordemos un par de casos. De los años cincuenta a los setenta, los cineastas europeos conquistaron al mundo con su originalidad, calidad y con la belleza y el talento de sus intérpretes, hasta que la Comunidad Europea estableció cuotas obligatorias de exhibición para el cine regional, lo que llenó las salas de películas mediocres, y subsidios para la producción de nuevas cintas “artísticas”, es decir, hechas sin pensar que iban dirigidas a un público que paga y que nadie tenía interés en ver. El resultado fue la quiebra y desaparición casi total del cine comercial europeo. El cine de Hollywood, contra el que iban dirigidas las medidas, triunfó como nunca antes.

También ha sucedido en nuestro país. Hace algunos años hubo una ley por la que se pretendió “ayudar” a los “artistas” nacionales, obligando a oír a sus representantes gremiales cada vez que se pretendía presentar un intérprete extranjero en el país y además tenían que pagar parte de las ganancias al sindicato de intérpretes: ¡un impuesto que un particular debía pagar, no al Estado, sino a otro particular! El sublime violoncellista Pablo Casals tuvo que pedir permiso a un payaso de circo para poder ejecutar en concierto suites de Bach y sonatas de Beethoven. El gremio “artístico” nacional no mejoró un ápice con ello, pero sus asociaciones fueron acusadas frecuentemente de estar dominadas por mafias que medraban exclusivamente de la ley. Los circos nacionales tienen aún privilegios similares.

El lamentable estado de la producción artística nacional tiene sus raíces en los defectos del sistema educativo nacional, inadecuado para estimularlo, tema que podríamos tratar más adelante. Si el Estado y el municipio quieren ayudar, que utilicen las frecuencias de las radios nacionales para programar música nacional, que asignen becas para arte y música, que abran escuelas gratuitas de música y arte en todas las ciudades, que celebren concursos y conciertos municipales, etcétera. Mientras tanto, no fomentemos la mediocridad ni torturemos al público radioescucha con material que no tiene interés en oír.

Esperanzas para elecciones de segundo grado

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídico

Recientemente estuvieron en la Cátedra de Derecho de la UCA los candidatos presidenciales de los dos partidos políticos mayoritarios (FMLN y ARENA) y ambos —por separado— mantuvieron discursos bastante parecidos en temas relevantes, al grado que quien no los conozca pudo pensar que pertenecen al mismo partido.

Uno de los temas comunes fue la crítica a las formas de nombramientos de los funcionarios de segundo grado que hace la Asamblea Legislativa, por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura, el presidente de la Corte de Cuentas y el fiscal general de la República.

Los aspirantes a la Presidencia de la República reconocieron como práctica común la designación para estos cargos de personas que sin importar su desempeño profesional dan muestras de ciegas lealtades partidarias y aceptaron que sus partidos se han distribuido los puestos e incluso instituciones completas, de modo proporcional a la cuota de influencia que ejercen en el escenario político.

Estos mecanismos de selección han puesto en grave riesgo la estabilidad moral del Estado, puesto que viola el principio ético de la supremacía del interés público sobre el provecho de personas o sectores determinados; aunque hay honrosas excepciones que demuestran que cuando los políticos toman decisiones a favor de la sociedad y no de los grupos que representan, los resultados positivos son visibles de inmediato.

Ciertamente los candidatos saben que ese reparto de cargos públicos ha constituido una de las razones principales para el deterioro de las instituciones, sobre las que existe poca confianza y credibilidad ciudadana.

Desde hace algún tiempo venimos contemplando el mediocre comportamiento de muchos funcionarios y al vencer sus períodos para el que fueron electos creemos que difícilmente aparecerá otro con tan pésimas cualidades. Y nos equivocamos, pues nombran otros impensables, al grado que terminamos echando de menos a los anteriores. Definitivamente no se ha pensado en el país a la hora de hacer tales nombramientos.

Instituciones completas han venido a menos, gracias a ese perverso método de nombramiento. Muchos, como los últimos fiscales generales, algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que no se les conoció ningún mérito previo, han conducido los cargos a tal deterioro sistemático que llevará buen tiempo recuperar la imagen institucional.

Pero la novedad presentada por los candidatos es que de llegar al poder, esos mecanismos para nombrar funcionarios no seguirán más. Ambos sostuvieron que prevalecerán las capacidades académicas, la trayectoria profesional, la transparencia y la honestidad demostradas. Aplaudimos este anuncio y estamos convencidos de que constituye un primer paso para esperar transformaciones de fondo en la gestión pública.

Sin emocionarnos demasiado porque en campaña se ofrecen muchas cosas, nos parece una buena noticia ahora que se acercan precisamente las elecciones del fiscal general de la República y de cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuatro de ellos para integrar la Sala de lo Constitucional, quienes tomarán posesión a mediados del próximo año.

Se comenta insistentemente que algún sector está interesado en que los anteriores nombramientos se hagan por la actual legislatura. Esta es una mala señal y un presagio de viejas componendas políticas. De modo que los candidatos en mención deben desde ya hacer realidad sus promesas que divulgan a los cuatro vientos e impedir que por un lado ellos transmitan esperanzas mientras otros en silencio continúen con los acostumbrados y nefastos repartos.

De convertirse en realidad la oferta de los candidatos presidenciales, esperamos que vayan desapareciendo por siempre la ansiedad que sufren algunos abogados por aspirar a cargos importantes, celebrando excesivamente eventos sociales para ganar adeptos, gestionando para que alguien le otorgue distinciones honoríficas que no merece, placas de reconocimientos o medallas por méritos no logrados o la desagradable costumbre de hacerse publicidad personal.